WASHINGTON DC - Marjorie Taylor Greene, la polémica congresista de EE.UU. conocida por su apoyo a Donald Trump y sus salidas de tono en la Cámara de Representantes, encara un proceso judicial por su supuesto apoyo al asalto al Congreso que podría impedirle presentarse a la reelección en los comicios de noviembre.
De perder esta batalla, Greene podría seguir en el Congreso hasta que expire su mandato en enero de 2023, pero no podría competir en las elecciones de noviembre.
Un grupo de votantes demandó a Greene, representante de Georgia, porque considera que la legisladora alentó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, lo que va contra la Enmienda número 14 de la Constitución, que establece que un miembro del Congreso no puede estar implicado en una "insurrección o rebelión".
Greene intentó este viernes rebatir esas acusaciones y aseguró que, pese a sus mensajes en Twitter con la etiqueta "#FightForTrump" (Luchen por Trump), ella no sabía que un grupo de simpatizantes del republicano estaba planeando irrumpir en el Capitolio para evitar que se certificara la victoria electoral del actual presidente, Joe Biden.
"No apoyo la violencia de ningún tipo. Mis palabras nunca jamás significan violencia", afirmó Greene, que contestó a la mayoría de las preguntas de manera vaga y con una sonrisa.
Grene repitió en el juzgado, en el que testificó bajo juramento, algunas de las mentiras de Trump sobre fraude electoral y que impulsaron el asalto al Capitolio, en el que murieron cinco personas.
Entre otras cosas, la legisladora repitió que hubo una "tremenda cantidad de actividad fraudulenta" que impidió a Trump ser reelegido.
Con su comparecencia, Greene se convirtió en la primera congresista del Partido Republicano en testificar públicamente por el asalto al Capitolio.
Un comité del Congreso, creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, está investigando el ataque al Capitolio y quién pudo ser responsable, pero todas sus reuniones son a puerta cerrada.
El nombre de Greene ya aparece en las papeletas de las primarias republicanas de Georgia del 24 de mayo, en las que parte como favorita, pero tendrá que enfrentarse a varios candidatos, incluida la empresaria Jennifer Strahan, la preferida por los moderados.
Pese a que un juez es el que está supervisando el proceso judicial, la última palabra la tendrá el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, que es la máxima autoridad electoral y quien será el que examine las conclusiones del magistrado para decidir si Greene puede o no presentarse a las elecciones.
