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El estado demanda a un hospital regional por falsamente promover servicios que no ofrecen

Alegan también, que a pesar de no brindar los servicios médicos que anuncia a la comunidad, el centro médico cobra cantidades exorbitantes a sus pacientes y luego demanda a los que no pueden pagar

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LAS VEGAS - El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, anunció este jueves una demanda estatal contra el Centro Médico Regional de Alta Vista en Las Vegas, Nuevo México y su propietario, Quorum Health Resources, por prácticas injustas y promover servicios que no ofrecen.

Según informó el fiscal general, la demanda alega que Alta Vista promovió de forma rutinaria servicios que no podía realizar, o que solo podía realizar de manera deficiente, entre estos se destacan servicios de ginecología, servicios pediátricos, servicios quirúrgicos, servicios de urgencias y servicios de terapia respiratoria.

En la denuncia alegan que, luego de que reunciara todo el Comité Ejecutivo Médico de Alta Vista, el centro no hizo los trámites necesarios para llenar estas vacantes, lo que dejó al hospital sin la supervisión requerida de sus operaciones médicas. Añaden que esto contribuyó directamente al deterioro del servicio del centro, lo que los llevó a no poder proporcionar una cantidad significativa de servicios a la comunidad, entre estos los más básicos servicios de limpieza.

Además, alegan que, a pesar de no brindar los servicios médicos que anuncia a la comunidad, Alta Vista supuestamente cobra cantidades exorbitantes a sus pacientes y luego demanda a los que no pueden pagar. Se alega además que, a pesar de estar al tanto de los problemas de gestión y atención en Alta Vista, su propietario, Quorum Health, no ha tomado medidas o se ha negado a hacerlo, para corregir los problemas del centro.

“Los nuevomexicanos deben recibir atención médica de calidad sin verse obligados a conducir durante horas a centros alternos, y mi oficina tomará las medidas necesarias para garantizar una solución más permanente que beneficie a los pacientes”, declaró el fiscal general.

La demanda busca una orden judicial preliminar y permanente que prohíba a Alta Vista a promover servicios que no da y que el centro deje de participar en prácticas de facturación desmesuradas. También buscan sanciones civiles, restitución y otras tarifas y costos.

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