SANTA FE — Comisionados de un condado en la zona rural de Nuevo México extendieron el miércoles la autorización para un centro de detención de migrantes en cooperación con las autoridades federales, a pesar de las objeciones de defensores de los derechos de los inmigrantes que alegan condiciones inhumanas y violaciones al debido proceso en el Centro de Detención del condado Torrance, operado de forma privada.
La votación de 3-0 de la comisión del condado Torrance allana el camino para una extensión de cuatro meses, hasta septiembre, de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para la detención de inmigrantes en la instalación.
En una reunión pública, los defensores renovaron las críticas de que el centro tiene condiciones de vida inadecuadas y proporciona acceso limitado a asistencia jurídica para los solicitantes de asilo que pasan por ahí. Los críticos del centro de detención instaron a las autoridades federales de inmigración a poner fin a su contrato con un operador de detención privado, al tiempo que han pedido sin éxito a los legisladores estatales que prohíban los contratos de los gobiernos locales para la detención de inmigrantes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) anunció el martes que había descubierto documentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU que muestran que un migrante brasileño de 23 años no recibió atención de salud mental adecuada antes de su suicidio en agosto de 2022 en el Centro de Detención del Condado Torrance después de que se le negara asilo.
La ACLU instó a las autoridades federales a reconsiderar su contrato con las instalaciones del condado Torrance basándose en una “revisión de mortalidad” realizada por el cuerpo de servicios de salud de ICE sobre las circunstancias que condujeron a la muerte de Kelsey Vial durante los meses de detención del migrante. El documento describe los síntomas y el tratamiento de la depresión de Vial mientras esperaba su expulsión a Brasil y concluye que el personal del centro de detención "no brindó atención médica a Vial dentro de los límites seguros de la práctica".
El comisionado del condado, Sam Schropp, dijo que los eventos descritos por la ACLU tuvieron lugar hace casi dos años y no reflejan las condiciones actuales en las instalaciones que ha presenciado durante sus propias visitas no anunciadas. Describió numerosos relatos de desesperación entre los migrantes relacionados con el acceso a alimentos, agua y atención médica dentro de la instalación como “rumores”.
“Las cuentas que usted atribuye al gobierno federal no cambiarán con el cierre (del Centro de Detención del Condado Torrance). Esos detenidos serán trasladados a otra instalación y no aparecerá nadie como yo”, dijo Schropp.
Mike Zamore, de la ACLU, solicitó a un alto funcionario de ICE que realizara una nueva revisión del centro de detención antes de extender el contrato más allá de mayo.
“Mientras continúa esta revisión, ICE debería dejar que expire el contrato de Torrance”, escribió Zamore, director nacional de políticas y asuntos gubernamentales de la ACLU. "Desde una perspectiva de buena gobernanza, no tiene sentido renovar un contrato para operaciones que repetidamente han resultado en condiciones peligrosas y violaciones crónicas de las normas federales".
El centro de detención de Estancia puede albergar al menos a 505 inmigrantes varones adultos en cualquier momento, aunque las poblaciones reales fluctúan.
La administradora del condado Torrance, Janice Barela, dijo que las autoridades federales propusieron términos para la extensión de cuatro meses del acuerdo de servicios para la detención de inmigrantes. El gobierno del condado contrata por separado espacio carcelario no relacionado con la inmigración en el centro de detención, que es el mayor pagador de impuestos a la propiedad del condado.
