SANTA FE — Una nueva demanda colectiva alega que las autoridades de inmigración estadounidenses ignoraron señales de condiciones insalubres e inseguras en un centro de detención en Nuevo México para garantizar que la instalación continuara recibiendo fondos públicos y permaneciera abierta.
La demanda anunciada el 8 de noviembre por una coalición de defensores de los derechos de los migrantes, fue presentada en nombre de cuatro venezolanos de entre 26 años y 40 años que buscaban asilo en Estados Unidos y dicen que se les negó atención médica, acceso a duchas funcionales y alimentación adecuada en el Centro de Detención del Condado Torrance, todo mientras los presionaban para que realizaran tareas de limpieza, a veces sin compensación.
De hecho, en los últimos años, defensores han alegado repetidamente que el centro tiene condiciones de vida inadecuadas y que hay un acceso limitado a asistencia jurídica para los solicitantes de asilo que pasan por allí. También, han instado a ICE a poner fin a su contrato con un operador de detención privado, mientras le piden a los legisladores estatales que prohíban los contratos de gobiernos locales para la detención de inmigrantes.
“La cuestión es que ICE no puede hacer la vista gorda ante las condiciones en los centros de detención”, dijo Mark Feldman, abogado principal del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que se encuentra entre los que representan a los demandantes. “Mantienen la responsabilidad de supervisión, ordenada por el Congreso, de las condiciones en los lugares donde se detiene a los inmigrantes”.
No solo eso, el centro de detención tampoco pasó una evaluación de desempeño en 2021, y la demanda alega que ICE se apresuró a evitar la documentación de una segunda falla consecutiva que podría suspender la financiación federal al respaldar una “inspección laxa y profundamente defectuosa” realizada por un contratista independiente.
La demanda también sostiene que la agencia ignoró conclusiones contradictorias del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y de un oficial de contratación de ICE que sugerían condiciones insalubres continuas y escasez de personal.
Por su parte, un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) expresó el 9 de noviembre que la agencia no hace comentarios sobre litigios. El año pasado, el jefe de personal Jason Houser dijo que ICE monitorearía continuamente las instalaciones y señaló que dejó de usar el Centro de Detención del Condado de Etowah en Alabama, cuando no se cumplieron las expectativas.
CoreCivic, el operador privado del centro en el condado Torrance, dijo que ICE ha auditado repetidamente las instalaciones de Estancia con resultados que respaldan la continuidad de las operaciones.
“Ofrecemos un entorno seguro, humano y apropiado para quienes nos confían y nos esforzamos constantemente por brindar un nivel de atención aún mejor”, dijo el portavoz Ryan Gustin por correo electrónico.
Los demandantes en la demanda, que se presentó en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Albuquerque, también están representados por la ACLU, Innovation Law Lab y los abogados de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
