ALBUQUERQUE, Nuevo México - Funcionarios federales han dado marcha atrás en sus planes de cancelar un contrato de arrendamiento de espacio de oficinas en Nuevo México, donde se encuentran docenas de empleados del Departamento de Energía de Estados Unidos que supervisan el único depósito subterráneo de residuos nucleares del país.
La medida se tomó el jueves después de que el representante de EEUU, Gabe Vásquez y otros miembros de la delegación del Congreso del estado plantearan sus preocupaciones, señalando la importancia de la Planta Piloto de Aislamiento de Residuos para el esfuerzo multimillonario de la nación para limpiar toneladas de residuos de décadas de fabricación de bombas y la investigación nuclear.
El edificio de oficinas en cuestión también alberga a trabajadores contratados que participan en las operaciones de la instalación subterránea a las afueras de Carlsbad.
El Departamento de Energía confirmó en un comunicado a The Associated Press que la Administración de Servicios Generales había revocado su notificación previa para ejercer los derechos de rescisión de los contratos de arrendamiento de varias instalaciones del departamento, incluido el edificio de oficinas de Carlsbad.
El departamento dijo que la medida garantiza "que estas operaciones de misión crítica continúen sin interrupción".
Vásquez dijo que el aviso inicial para rescindir el contrato de arrendamiento como parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para reducir el gasto público era imprudente y miope.
"Esta instalación es fundamental para la gestión y eliminación de residuos nucleares relacionados con la defensa", dijo Vásquez en una advertencia emitida a principios de esta semana.
"Su cierre podría perturbar gravemente las operaciones del WIPP, provocando retrasos en la eliminación de residuos y comprometiendo los protocolos de seguridad establecidos para proteger tanto al público como al medio ambiente."
La oficina de Vásquez acribilló a funcionarios federales con correos electrónicos y llamadas telefónicas tras enterarse de que el edificio de Carlsbad estaba en la lista de la GSA para ahorrar. A él se unieron los senadores demócratas Ben Ray Luján y Martin Heinrich.
Mientras que los funcionarios federales dijeron el jueves que el contrato de arrendamiento estaba en "pleno vigor y efecto", la oficina de Carlsbad todavía estaba entre decenas de contratos de arrendamiento terminados que figuran en el sitio web oficial del Departamento de Eficiencia Gubernamental el viernes.
La oficina de Vásquez dijo que el recorte de gastos y las reducciones de empleados que está esbozando el DOGE han creado confusión en Nuevo México y otros estados donde el gobierno federal es uno de los mayores empleadores y han obligado a las agencias federales a luchar para justificar sus propiedades inmobiliarias.
En el sureste de Nuevo México, funcionarios federales y contratistas han estado trabajando en un costoso proyecto de ventilación en el depósito subterráneo para mejorar el flujo de aire.
Esta misma semana, la Oficina de Gestión Medioambiental del Departamento de Energía anunció que la puesta en marcha del sistema había concluido, lo que calificó de hito importante.
Excavado en una antigua formación salina de unos 800 metros de profundidad, el vertedero subterráneo recibió su primer cargamento de residuos radiactivos en 1999.
La idea es que el desplazamiento de la sal acabe sepultando los residuos, que incluyen guantes, ropa, herramientas y otros materiales contaminados con plutonio y otros elementos.
