ALBUQUERQUE — El principal fiscal federal de Nuevo México emitió un mensaje para los jóvenes de la comunidad que pueden estar perdiendo el control y sintiéndose atrapados en un mundo de odio y miedo: “El tiroteo debe parar”.
Alexander M. M. Uballez, el fiscal federal para el distrito de Nuevo México, hizo el comentario el miércoles mientras anunciaba una nueva subvención de $2 millones del Departamento de Justicia de EEUU que está destinada a ayudar a abordar las causas fundamentales de la violencia en la ciudad más grande del estado. Los fondos apoyarán los esfuerzos del Departamento de Seguridad Comunitaria de Albuquerque y su programa de intervención de violencia.
Albuquerque se ha visto sacudida por tiroteos recientes, incluido uno que cobró la vida de una niña de 5 años después de que alguien disparara contra una casa móvil donde pasaba la noche. La policía renovó su pedido el miércoles para que cualquier persona con información sobre el tiroteo se presente.
“Al centrar la seguridad de aquellos que corren mayor riesgo de disparar y recibir disparos, hacemos que la comunidad sea más segura para todos nosotros”, declaró Uballez en un comunicado.
A esos jóvenes de la comunidad, agregó: “Los ayudaremos si nos dejan y los detendremos si nos obligan”.
El Departamento de Seguridad Comunitaria de Albuquerque está separado de la policía y el departamento de bomberos. La agencia, fundada en 2021 cuando la ciudad marcó otro año de homicidios récord, brinda ayuda en caso de crisis, controles de asistencia social y hace referencias para personas necesitadas.
Como parte del programa de intervención, los socorristas del departamento se centran en las personas con mayor riesgo de convertirse en parte del ciclo de violencia armada de la ciudad. El alcalde de Albuquerque, Tim Keller dijo que enviar a los socorristas a la comunidad y encontrarse con las personas estén en donde estén puede interrumpir ese ciclo y, en última instancia, cambiar vidas.
Además de expandir el trabajo existente, los funcionarios de la ciudad planean utilizar parte de los fondos para explorar la posibilidad de crear una Oficina de Prevención de la Violencia, similar a las que operan en las ciudades de Nueva Jersey y Pensilvania. Dicen que tal oficina podría reunir programas de prevención que cubran escuelas y hospitales, así como centros de recuperación de trauma.
