ALBUQUERQUE— Reguladores de marihuana de Nuevo México revocaron el martes las licencias de dos operaciones de cultivo en un condado rural por numerosas violaciones y le impusieron una multa de un millón de dólares a cada negocio.
Una de las empresas, Native American Agriculture Development Co., está relacionada con un empresario navajo cuyas operaciones de cultivo de cannabis en el noroeste de Nuevo México fueron allanadas por autoridades federales en 2020. El Departamento de Justicia de Navajo también demandó a Dineh Benally, lo que dio lugar a una orden judicial que detuvo esas operaciones.
No solo eso, también un grupo de trabajadores inmigrantes chinos demandó a Benally y sus asociados, argumentando que fueron atraídos al norte de Nuevo México y obligados a trabajar largas horas recortando marihuana ilegalmente en la Nación Navajo, donde cultivar la planta es ilegal.
En el aviso hecho público el martes por la División de Control de Cannabis de Nuevo México, Native American Agriculture Development fue acusado de exceder los límites de recuento de plantas del estado, de no rastrear su inventario y de crear condiciones inseguras.
La otra empresa a la que se le revocó la licencia fue Bliss Farm, también ubicada en el condado rural de Torrance, a millas de la operación de Benally. No obstante, los funcionarios estatales dijeron que los dos negocios, al este de Albuquerque, no están conectados de ninguna manera.
El estado ordenó a ambos que detuvieran inmediatamente toda actividad comercial de cannabis.
“La actividad ilícita llevada a cabo en ambas granjas socava el buen trabajo que muchas empresas de cannabis están haciendo en todo el estado”, dijo en un comunicado Clay Bailey, superintendente interino del Departamento de Regulación y Licencias de Nuevo México. “La cantidad excesiva de plantas de cannabis ilegales y otras violaciones graves demuestran un descarado desprecio por la salud y la seguridad públicas, y por la ley”.
Los reguladores estatales citaron a Bliss Farm por 17 infracciones e informaron que la evidencia de una cosecha reciente sin registros ingresados en el sistema de seguimiento y localización del estado llevó a la división a concluir que las plantas fueron transferidas o vendidas ilícitamente.
Adam Oakey, un abogado de Albuquerque que representa al grupo de inversionistas propietarios de la operación, dijo a The Associated Press en una entrevista que la compañía esperaba que el estado hubiera trabajado primero con ella para abordar algunos de los problemas antes de revocar la licencia.
“Hicimos todo lo posible para cumplir con las normas, pero quedamos por debajo del listón”, declaró, y agregó que teme que la acción del estado pueda disuadir a otros en la industria de venir a Nuevo México.
Las otras violaciones incluyeron medidas de seguridad inadecuadas, falta de procedimientos de cadena de custodia y terrenos en mal estado con basura y plagas por todas partes. Los funcionarios de cumplimiento también vieron evidencia de una cosecha reciente, pero no se había ingresado ninguna planta en el sistema de seguimiento y localización del estado.
Las violaciones fueron reportadas por primera vez el otoño pasado por Searchlight New Mexico, una organización de noticias independiente. En ese momento, la Fiscal General Navajo, Ethel Branch, dijo al grupo sin fines de lucro que la tribu y el área de Shiprock todavía merecían justicia por el daño causado anteriormente por la operación de cultivo que se había establecido en el noroeste de Nuevo México años antes.
