ALBUQUERQUE, Nuevo México - El alguacil del área metropolitana más grande de Nuevo México prometió el lunes no hacer cumplir una orden de emergencia de la gobernadora para suspender temporalmente el derecho a portar armas de fuego en público en la ciudad de Albuquerque y sus alrededores.
"Es inconstitucional, por lo que no hay manera de que podamos hacer cumplir esa orden", dijo el alguacil del condado Bernalillo, John Allen, durante una conferencia de prensa. "Esta prohibición no hace nada para frenar la violencia armada", agregó.
La reacción ha sido rápida después de que la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham anunciara la orden el viernes y dijera a los periodistas que esperaba impugnaciones legales y que la policía estatal se encargaría de hacer cumplir el mandato.
"Doy la bienvenida al debate y la lucha sobre cómo hacer que los nuevomexicanos estén más seguros", indicó, al tiempo que reconoció que los delincuentes seguramente ignorarían su orden.
El fiscal de distrito del condado Bernalillo, Sam Bregman, líder del Partido Demócrata designado por Lujan Grisham, se unió al alcalde de Albuquerque, Tim Keller, y al jefe de policía, Harold Medina, quienes coinciden en que ellos tampoco harán cumplir la orden de la gobernadora. Un grupo defensor de los derechos sobre las armas presentó una demanda federal en la que solicita una orden judicial inmediata para impedir que la medida entre en vigor.
Los legisladores estatales republicanos también propusieron iniciar un proceso de juicio político contra la gobernadora, una medida que requeriría la aceptación de los demócratas que controlan la legislatura estatal.
"Mis electores se han acercado a mí en masa, enviándome correos electrónicos y mensajes de texto diciéndome que esto es una locura, esto es horrible, esto es inconstitucional", dijo el representante estatal republicano John Block, de Alamogordo, quien representa un bastión conservador en el sur de Nuevo México.
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Agregó que un asesor legal está redactando un artículo de acusación. Lujan Grisham, excongresista, comenzó un segundo mandato en enero y no puede volver a postularse inmediatamente para un tercer término consecutivo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) expresó sus propias objeciones a la respuesta de la gobernadora a la violencia armada, expresando temor de que pudiera conducir a una vigilancia policial excesiva y violar la privacidad.
"Este tipo de enfoque conduce a una vigilancia excesiva de nuestras comunidades, a la discriminación racial y a una mayor miseria en las vidas de personas que ya están marginadas", opinó Lalita Moskowitz, gerente de litigios de la ACLU de Nuevo México. "La gobernadora debería seguir soluciones basadas en evidencia, como programas significativos de intervención y desvío de violencia, y abordar las causas fundamentales de la violencia", expresó.
El principal republicano en el Senado de Nuevo México, Greg Baca, de Belén, denunció la orden como una infracción del derecho a portar armas de los ciudadanos respetuosos de la ley, y Dan Lewis, miembro del Concejo Municipal no partidista de Albuquerque, la calificó de inconstitucional.
El jefe del brazo de cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), Randy Kozuch, emitió un comunicado el domingo calificando la orden como un acto "impactante" de "autorización administrativa" que socavaba "los derechos fundamentales de los nuevomexicanos respetuosos de la ley". Manifestantes armados realizaron una protesta pacífica en el casco antiguo de Albuquerque.
Allen aludió nuevamente el lunes a las preocupaciones que expresó en un comunicado el viernes por la noche acerca de poner en riesgo a los agentes si intentaban arrestar a personas con armas de fuego.
"No quiero tener violencia política hacia mis diputados o aquí en el condado Bernalillo", indicó. "Ya tengo suficiente violencia aquí", agregó.
Lujan Grisham dijo que se vio obligada a emitir su orden luego de tiroteos recientes, incluida la muerte de un niño de 11 años afuera de un estadio de béisbol de ligas menores la semana pasada. También por la muerte por disparos de una niña de 5 años que estaba dormida en una casa móvil y el asesinato a tiros en agosto en el condado Taos de una adolescente de 13.
La suspensión de armas de fuego se emitió como una orden de emergencia de salud pública, que recuerda a las muy objetadas órdenes que la gobernadora renovó continuamente durante la pandemia del COVID-19.
Lujan Grisham dijo que la prohibición se aplicaría durante 30 días para portar armas abiertas y ocultas en la mayoría de los lugares públicos y la vinculó a un umbral para las tasas de delitos violentos que actualmente sólo se cumplen en el área metropolitana de Albuquerque. La policía y los guardias de seguridad autorizados están exentos.
Los infractores podrían enfrentar sanciones civiles y una multa de hasta $5,000, dijo la portavoz de la gobernadora, Caroline Sweeney. Según la orden, los residentes aún podrían transportar armas a algunos lugares privados, como un campo de tiro o una tienda de armas, siempre que el arma de fuego tenga un seguro de gatillo, un contenedor o un mecanismo que imposibilite su disparo.
Allen dijo que la gobernadora, que se reunió con altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley el viernes, les contó la noticia de su plan momentos antes de su conferencia de prensa. Dijo que estaba a la vez conmocionado e irritado, después de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley advirtieran a la gobernadora que no siguiera adelante con eso.
"Tengo que convertir mi irritación y enojo en soluciones", dijo el alguacil, indicando que, entre otras cosas, presionaría a los legisladores estatales para que convocaran una sesión especial para abordar la violencia en Albuquerque.
