SANTA FE, Nuevo México — Jueces federales de Nuevo México han comenzado a desestimar los cargos de seguridad nacional contra inmigrantes acusados de cruzar la frontera sur de Estados Unidos a través de una zona militar recientemente designada, al encontrar poca evidencia de que los inmigrantes conocieran dichas zonas.
Desde finales de abril, fiscales federales de Nuevo México y el oeste de Texas han presentado cargos penales menores por violar las normas de seguridad nacional y entrar en propiedad militar restringida contra al menos 400 inmigrantes.
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SUSCRÍBETE Se les acusa de entrar ilegalmente a Estados Unidos, así como de una franja de terreno de 60 pies recientemente designada como zona de defensa nacional.
Los cargos de intrusión militar han sido desestimados en al menos 120 casos por jueces de un tribunal federal en Las Cruces, incluyendo fallos del viernes. Los cargos de delito menor por entrada ilegal a Estados Unidos no fueron desestimados.
El fiscal federal de Nuevo México afirma que se han colocado al menos 199 letreros cerca de la frontera con Nuevo México que advierten contra la entrada a la zona recientemente militarizada.
Sin embargo, el magistrado principal Gregory Wormuth afirmó que «el mero hecho de que se colocaran algunos letreros en el Área de Defensa Nacional de Nuevo México no permite concluir que el acusado pudiera haberlos visto, y mucho menos que los haya visto».
El gobierno utilizó un enfoque de copia y pega en sus alegaciones, lo que permitió al tribunal aplicar el mismo análisis jurídico al dictar sentencia en todos los casos, declaró Wormuth en una orden judicial.
Las nuevas áreas de defensa nacional designadas están supervisadas por los comandos del Ejército de EEUU desde Fort Bliss, en el área de El Paso, Texas, y Fort Huachuca, Arizona.
Los nuevos cargos de seguridad nacional contra los inmigrantes que entran por esas zonas militarizadas conllevan una posible pena de 18 meses de prisión, además de una posible pena de seis meses por entrada ilegal.
Se desconocen todas las implicaciones para los migrantes que buscan regularizar su estatus migratorio mediante procedimientos separados en un tribunal federal de inmigración.
El gobierno del presidente Donald Trump asegura que autorizó a las tropas estadounidenses a detener temporalmente a inmigrantes que se encuentran sin permiso en el país a lo largo de la frontera, aunque no hay constancia de que las tropas hayan ejercido esa autoridad mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU realiza arrestos.
Los defensores públicos afirman que los cargos de allanamiento no pueden sostenerse sin pruebas de que los inmigrantes conocían las restricciones militares y actuaron "desafiando dicha regulación con algún propósito nefasto o perverso".
