ALBUQUERQUE – Un juez federal bloqueó parte de una orden de salud pública que suspendía el derecho a portar armas en público en la ciudad más grande de Nuevo México.
La decisión del miércoles del juez federal de distrito, David Urías marca un revés para la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, en su respuesta a varios tiroteos recientes que cobraron la vida de menores, el más reciente un niño de 11 años que fue baleado mortalmente mientras salía de un estadio de béisbol de ligas menores en Albuquerque.
Lujan Grisham impuso el viernes una orden de emergencia de salud pública que suspendió el derecho a portar armas abiertamente u ocultas en lugares públicos basándose en un umbral estadístico para delitos violentos que solo se encuentra en Albuquerque y sus afueras.
La gobernadora citó tiroteos recientes en todo el estado que dejaron niños muertos y dijo que era necesario hacer algo. Aun así, reconoció que los delincuentes ignorarían la orden.
Los infractores habrían enfrentado sanciones civiles y una multa de hasta $5,000 por parte de la Policía Estatal. Por su parte el alguacil del condado Bernalillo y el jefe de la policía de Albuquerque se negaron a hacer cumplir la orden.
Los defensores del derecho a portar armas presentaron una serie de impugnaciones legales contra la orden en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Albuquerque, alegando infracción de los derechos civiles bajo la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Por su parte los republicanos de mayoría legislativa pidieron un proceso de destitución contra la gobernadora, quien está poniendo a prueba nuevamente los límites de su autoridad ejecutiva después de utilizar órdenes de salud pública para cierres agresivos durante el inicio de la pandemia de coronavirus.
