SANTA FE, Nuevo México — El estado de Nuevo México debe crear un plan de recuperación para mejorar la educación primaria y secundaria (K-12) tras no haber brindado una educación pública adecuada a estudiantes nativos americanos y otros de hogares de bajos ingresos, dictaminó un juez el martes.
La orden del juez Matthew Wilson, de la corte estatal de distrito, se basa en un fallo histórico de 2018 que impulsó un gasto multimillonario en las escuelas públicas de Nuevo México, sin resolver aún los incumplimientos subyacentes de las obligaciones constitucionales del estado de educar a una variedad de estudiantes en riesgo, incluyendo a quienes estudian inglés como segundo idioma y a estudiantes con discapacidades.
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SUSCRÍBETE “Se ordena a los acusados que elaboren un plan de recuperación integral para abordar la continua violación de los derechos constitucionales de los estudiantes en riesgo”, declaró Wilson.
“Un plan ordenado por la corte proporcionará orientación a la legislatura y al poder ejecutivo, particularmente al tomar decisiones presupuestarias difíciles que deben sobrevivir a los cambios políticos y económicos”.
Históricamente, Nuevo México ha estado al final de la lista en cuanto a resultados educativos a nivel nacional.
Las dificultades para abordar los bajos resultados de las pruebas y las bajas tasas de graduación ya existían antes de la pandemia del coronavirus.
Los legisladores han estado destinando recursos públicos a iniciativas para mejorar la asistencia, impulsar el acceso a internet de banda ancha, reforzar el personal escolar y otras medidas, en medio de la afluencia inesperada de ingresos del gobierno estatal provenientes de la producción de petróleo y gas natural.
Presentado hace más de una década en nombre de estudiantes y distritos escolares con raíces en las comunidades nativas americanas e hispanas, el litigio, conocido como el caso Yazzie-Martínez, identificó problemas sistémicos en el sistema educativo estatal.
En documentos judiciales, el gobierno de la demócrata Michelle Lujan Grisham ha reconocido que existe margen de mejora, destacando un aumento del 62% en el gasto anual del gobierno estatal en educación primaria y secundaria desde 2016, hasta alcanzar los $4,200 millones de dólares en 2024, así como la promulgación de decenas de nuevas iniciativas y leyes en riesgo.
La portavoz del Departamento de Educación Pública, Janelle García, declaró que la agencia celebra el fallo y la oportunidad de "liderar el desarrollo de un plan que brinde a todos los estudiantes de Nuevo México una educación excelente... que conduzca a la resolución de la demanda Martínez-Yazzie para estudiantes, padres y familias".
El juez rechazó la solicitud de asignar a una agencia legislativa estatal de educación y rendición de cuentas la dirección del plan de remediación.
En su lugar, solicitó que el Departamento de Educación Pública estatal colabore con los demandantes y encargue un plan a un consultor o experto externo.
En 2023, el Fiscal General Raúl Torrez anunció su apoyo a los demandantes en sus esfuerzos por lograr que el estado cumpla con sus obligaciones con los estudiantes.
El plan de remediación podría tardar cinco años en implementarse y posiblemente resolver el litigio.
Este mes, la gobernadora vetó la legislación propuesta para expandir las escuelas especializadas dedicadas a la lengua y la cultura nativa americana, negándose a firmar el proyecto de ley sin emitir comentarios.
