SANTA FE — Una jueza de un tribunal de distrito de Estados Unidos mantiene su decisión de bloquear partes de una orden de salud pública de la gobernadora de Nuevo México que suspendería el derecho a portar armas de fuego en muchos parques públicos en el área de Albuquerque, con apelaciones pendientes ante un tribunal superior.
La orden del lunes de la jueza, Kea Riggs, con sede en Albuquerque, negó una solicitud de la gobernadora para mantener una prohibición temporal de armas de fuego en algunos lugares públicos de Albuquerque, incluida la mayoría de los parques públicos.
Anteriormente, Riggs concluyó que la gobernadora, Michelle Lujan Grisham, aún no ha demostrado una tradición histórica de prohibir las armas de fuego en parques públicos o áreas similares en el pasado, en respuesta a una demanda presentada por James Springer, residente del condado Torrance, demandante en una de varias demandas presentadas contra la gobernadora por defensores del derecho a portar armas.
“Nuestra posición es que eso no es algo que esté contemplado en la Segunda Enmienda”, dijo el abogado de Springer, A. Blair Dunn, aplaudiendo la orden de la jueza.
El año pasado, el juez federal de distrito, David Urías, falló en la dirección contraria, en una victoria para la gobernadora, rechazando una solicitud de otros defensores del derecho a portar armas de bloquear las restricciones temporales a las armas de fuego mientras avanzan las impugnaciones.
Probablemente, le corresponderá a la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos en Denver conciliar las órdenes de Urías y Riggs.
La portavoz de Lujan Grisham, Maddy Hayden, dijo el martes que la gobernadora “respetuosamente” no está de acuerdo con la jueza Riggs.
“La opinión de la jueza Riggs ignora esta jurisprudencia y la enorme cantidad de evidencia histórica en el expediente que respalda la constitucionalidad de las restricciones temporales impuestas por la orden de salud pública”, dijo Hayden en un correo electrónico. “Respetuosamente, no estamos de acuerdo con la opinión y confiamos en que nuestra apelación en curso ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito tendrá éxito”.
Lujan Grisham, demócrata en su segundo mandato, invocó las órdenes de emergencia el año pasado en respuesta a una serie de violencia armada, incluido el tiroteo mortal de un niño de 11 años afuera de un estadio de béisbol de ligas menores.
Los defensores del derecho a portar armas también están instando a la Corte Suprema de Nuevo México a bloquear las órdenes. El tribunal escuchó recientemente los argumentos orales de la demanda presentada por legisladores estatales republicanos, la Asociación Nacional del Rifle y varios residentes del área de Albuquerque.
El resto de las órdenes de salud pública han permanecido intactas, incluidas directivas para inspecciones mensuales de comerciantes de armas de fuego en todo el estado, informes sobre víctimas de disparos en hospitales de Nuevo México, pruebas de aguas residuales para detectar sustancias ilícitas en las escuelas y más.
Durante una sesión legislativa de 30 días que concluye el 15 de febrero, Lujan Grisham también aboga por un amplio conjunto de propuestas legislativas sobre control de armas y penas mejoradas para delitos violentos.
El martes, una propuesta para reforzar la ley de armas de fuego de Nuevo México avanzó más allá de su primera audiencia del comité de la Cámara de Representantes en una votación de 4 a 2 con los demócratas en apoyo del proyecto de ley de legisladores como la representante estatal Christine Chandler, de Los Álamos.
Los votos en contra del proyecto de ley fueron emitidos por dos legisladores republicanos que están llevando a cabo un proceso de juicio político contra la gobernadora por sus órdenes de emergencia de salud pública sobre la violencia armada.
La ley de bandera roja de Nuevo México, destinada a retirar las armas de fuego a las personas que representan un peligro para sí mismas o para los demás, se promulgó en 2020 en respuesta a un tiroteo masivo perpetrado por un hombre armado solitario en una tienda Walmart en El Paso, Texas, el año anterior que mató a 23 personas.
Los cambios propuestos acelerarían los procedimientos para obtener una orden de “riesgo extremo” para confiscar armas de fuego y ampliarían la gama de personas que pueden solicitar la retirada temporal de armas para incluir a los profesionales de la salud.
