ESTANCIA - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) informó el miércoles que nueve personas que llegaron al país en busca de asilo, desde Cuba y Guatemala y el Proyecto Dreamers de Santa Fe, llegaron a un acuerdo de conciliación con CoreCivic por un incidente en mayo de 2020 en el Centro de Detención del condado Torrance (TCDF, por sus siglas en inglés).
Según informó ACLU, en mayo del 2020, los inmigrantes detenidos en el TCDF organizaron una huelga de hambre para protestar por la falta de precauciones adecuadas de la instalación contra el COVID-19, las pésimas condiciones de vida y la retención de actualizaciones de estado en sus casos de inmigración.
Entonces, los guardias del centro supuestamente emplearon gas pimienta "sin justificación" para disolver la manifestación.
A consecuencia, ACLU de Nuevo México, el Centro de Leyes de Inmigrantes de Nuevo México (NMILC, por sus siglas en inglés) y Montgomery & Andrews, P.A. representaron a los demandantes en el caso en el Tribunal del Séptimo Distrito Judicial del estado.
No obstante, ACLU informó en un comunicado que CoreCivic supuestamente ha negado todas las acusaciones de irregularidades en el Centro y que aseguró que “el personal del centro actuó razonablemente dadas las circunstancias”.
“Los incidentes que llevaron a esta demanda son un excelente ejemplo de por qué la detención de inmigrantes no es la forma en que debemos tratar a los inmigrantes o solicitantes de asilo. Esperamos con ansias el día en que todos los centros de detención estén cerrados”, declaró Deshawnda Chaparro, directora legal del Santa Fe Dreamers Project.
De hecho, un informe hecho público en febrero por organizaciones proinmigrantes, detalló cómo el centro presuntamente promueve el uso del confinamiento solitario para personas que experimentan pensamientos suicidas, en celdas que describen como “salas de tortura”, cómo los detenidos allí no pueden dormir por las condiciones inhabitables, habla sobre otro intento de suicidio en enero de este año y detalla los presuntos patrones de represalia contra individuos que denuncian o participan en desobediencia civil.
Asimismo, el informe también describe cómo luego de que un grupo de inmigrantes rechazara comidas en el centro a modo de huelga por el trato que le daban en el lugar, el reporte reveló que las autoridades de TCDF los acusaron de incitar disturbios y los amenazaron con deportaciones aceleradas y fueron aislados como castigo.
“Las personas que buscan asilo en EEUU deben ser recibidas con dignidad y servicios de apoyo, no sujetas a detención, violencia o trato inhumano. El centro de detención Torrance tiene un largo historial de abusos y violaciones de los derechos humanos. Las personas detenidas allí siguen sufriendo daños irreparables", manifestó Rebecca Sheff, abogada senior de ACLU de Nuevo México.
Sheff también emitió un llamado para que ICE cancele el contrato de detención de migrantes en el TCDF y libere a todos los que están detenidos en las instalaciones "para que busquen la atención y el apoyo que necesitan”.
