ALBUQUERQUE - La Corte Suprema de Nuevo México rechazó este lunes la impugnación de una medida aprobada por los votantes, que reformaría la comisión que supervisa los servicios públicos y determina cuánto se les puede cobrar a los clientes por calentar y enfriar sus hogares.
El tribunal anunció su decisión después de escuchar argumentos sobre si los votantes comprendieron que renunciarían a su derecho a elegir miembros de la Comisión de Regulación Pública cuando aprobaron la enmienda constitucional en 2020.
La enmienda convierte a la comisión en un panel de tres personas nombradas por el gobernador con el consentimiento del Senado estatal. Se supone que un comité de nominación independiente examinará a los candidatos antes de que el gobernador elija a los designados.
La petición se presentó a principios de este año en nombre de Indígenas Lifeways, New Mexico Social Justice & Equity Institute y Three Sisters Collective. Los grupos sin fines de lucro trabajan en proyectos de restauración ambiental en tierras de nativoamericanas en el noroeste de Nuevo México.
Sarah Shore, una abogada de Albuquerque que representa a los grupos, le dijo a la Corte que la cuestión merecía un escrutinio especial, ya que la enmienda derogaba el derecho de los nuevomexicanos a elegir representación en la comisión.
“Este caso presenta una circunstancia única en la que existe un riesgo real de abuso de poder. Hay un traspaso de las personas que en su propia constitución se reservan derechos a los poderes políticos. Esta no es una circunstancia en la que la Asamblea Legislativa esté proponiendo cambiar derechos que el pueblo ya delegó”, manifestó Shore.
Abogados del estado y la oficina de la gobernadora argumentaron que los grupos esperaron demasiado tiempo para plantear sus preocupaciones y que el momento correcto para presentar tal desafío habría sido cuando se debatió la medida y se redactó el lenguaje de la boleta electoral.
Mientras que, Shore argumentó que la enmienda debería eliminarse de la constitución estatal porque ilegalmente incluyó varias reformas en una pregunta de la boleta electoral para que los votantes decidieran. Añadió que la mayoría de los votantes no son abogados ni legisladores y fueron engañados, ya que la medida de la boleta electoral no hizo referencia al efecto sobre el derecho del público a elegir miembros de la comisión.
Por su parte, los jueces dijeron que no creían que la medida equivaliera a un favoritismo y que describirían los motivos de su decisión en una opinión escrita.
La medida fue aprobada por el 56% de los votantes en 2020, y los partidarios argumentaron que establecer un comité de nominación independiente impulsaría el profesionalismo del panel regulador y eliminaría la membresía del proceso político.
No obstante, los opositores argumentaron que la política aún estaría en juego, dado que los comisionados servirían a gusto de la gobernadora. Actualmente, los demócratas ocupan el cargo de gobernador, controlan la Corte Suprema estatal y constituyen la mayoría de la Legislatura.
Los analistas legislativos, al esbozar los argumentos a favor y en contra de la medida electoral, habían señalado anteriormente que la enmienda no cambiaría el funcionamiento real de la comisión y que no había garantía de que los legisladores financiaran adecuadamente la agencia.
