SANTA FE — Los defensores de la seguridad con las armas en Nuevo México dicen que la policía, los fiscales e incluso los jueces aún están aprendiendo cómo aprovechar una ley de bandera roja de 2020 que puede usarse para confiscar armas de personas que representan un peligro para otros o ellos mismos.
Shiela Lewis ofrece capacitación a policías, fiscales y administradores escolares sobre cómo solicitar a un juez una orden de bandera roja para incautar armas temporalmente por un período de un año que podría extenderse. Ella le explicó a un panel de legisladores estatales el martes que una comprensión incompleta de la ley actual está limitando su uso como precaución contra la violencia armada.
Solo se han presentado nueve peticiones para que se retiren las armas desde que entró en vigor la ley de bandera roja de Nuevo México en mayo de 2020.
“Nuestras leyes (de bandera roja) son nuevas, no tenemos interpretaciones, no se sienten cómodos usándolas. Cuando he hablado con los oficiales, siempre tienen una historia que contarme sobre por qué querían usarlo, pero no pensaron que podrían usarlo”, comunicó Lewis, cuya capacitación está financiada por New Mexicans to Prevent Gun Violence.
El presidente Joe Biden firmó en junio una legislación de seguridad de armas que ayuda a los estados a implementar leyes de bandera roja que facilitarían a las autoridades tomar armas de personas consideradas peligrosas.
Mientras que, funcionarios estatales de salud dicen que pueden aprovechar esos fondos a medida que Nuevo México establezca una unidad de prevención de la violencia armada en el Departamento de Salud. Esperan comenzar a solicitar subvenciones destinadas a prevenir la violencia armada a partir de agosto.
Por otro lado, en 2020 Nuevo México rastreó 479 muertes por armas de fuego dentro de un estado de aproximadamente 2.1 millones de habitantes. Eso coloca a Nuevo México entre los 10 estados principales en muertes por armas de fuego per cápita.
El representante estatal demócrata Dayan Hochman-Vigil presentó el martes un proyecto de ley que establecería una oficina permanente de prevención de la violencia armada en el estatuto estatal. Informó que la oficina recopilaría datos confiables sobre violencia armada, necesitados desesperadamente para determinar si las leyes estatales sobre armas son efectivas o si hacen falta nuevos enfoques. El proyecto de ley se considerará cuando la Legislatura celebre su próxima sesión legislativa ordinaria en enero de 2023.
La Legislatura liderada por los demócratas y la gobernadora Michelle Lujan Grisham adoptaron una legislación de bandera roja en respuesta al tiroteo masivo de 2019 en El Paso, Texas, donde un hombre armado mató a 23 personas en un Walmart hace dos años en un ataque por motivos raciales.
Algunos alguaciles en áreas rurales se mostraron abiertamente hostiles a la legislación y amenazaron con evitar su aplicación.
