SANTA FE — Un juez de Nuevo México allanó el camino el lunes para que procediera una demanda histórica que alega que el estado no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales de protección contra la contaminación por petróleo y gas.
Los grupos ambientalistas y los nativos americanos que viven cerca de los pozos petroleros, en el segundo estado productor de petróleo de Estados Unidos, presentaron inicialmente el caso en 2023. Buscan el cumplimiento de una “cláusula de control de la contaminación” en la Constitución de Nuevo México.
El juez, Matthew Wilson, rechazó una moción del estado para desestimar el caso, diciendo que es necesario un mayor escrutinio de las responsabilidades de Nuevo México, según la constitución, y que aceptar la solicitud del estado provocaría un cortocircuito en esa prueba.
Los abogados de los demandantes celebraron el fallo del juez, diciendo que permitirá a los residentes de Nuevo México, que han estado viviendo con las consecuencias de un mayor desarrollo de petróleo y gas en rincones opuestos del estado, tener su día en la corte.
“El caso puede avanzar sobre la base de hechos indiscutibles sobre el alcance de la contaminación y el alcance de la falta de control de esa contaminación por parte del estado”, declaró Gail Evans, abogada del Centro para la Diversidad Biológica.
Evans argumentó que los demandantes han superado un obstáculo crítico en el proceso judicial para presentar pruebas de violaciones constitucionales.
“Estoy seguro de que el tribunal hará cumplir definitivamente la protección constitucional del hermoso y saludable medio ambiente de nuestro estado en nombre de los demandantes y de todos los residentes de Nuevo México”, agregó Evans.
La administración de la gobernadora, Michelle Lujan Grisham, ha adoptado en los últimos años cambios a reglas destinados a limitar las emisiones de la industria del petróleo y el gas. Sin embargo, los grupos ambientalistas han expresado su preocupación de que la aplicación de la ley no esté a la par, a pesar de que se hayan impuesto multas a compañías energéticas de otros estados y se hayan firmado importantes acuerdos para abordar la contaminación del aire.
Un portavoz de la gobernadora demócrata dijo el lunes por la noche que la administración aún estaba revisando la decisión del juez.
“Continuaremos defendiendo vigorosamente estas afirmaciones”, dijo Michael Coleman, director de comunicaciones de la oficina de la gobernadora.
No obstante, los abogados de la Legislatura no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Por su parte, dos asociaciones empresariales, la Cámara de Comercio de Nuevo México y la Asociación de Productores Independientes de Petróleo de Nuevo México, intervinieron formalmente en los procedimientos judiciales, instando sin éxito a que se desestime la demanda.
La administración y los legisladores también enfrentan una reacción violenta por su presión para desarrollar reglas que regularían el tratamiento y la reutilización del agua del fracking de la industria petrolera.
Según la demanda, la producción de petróleo en la parte de la Cuenca Pérmica de Nuevo México, uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo, se ha multiplicado casi por diez desde 2010, lo que ha provocado un aumento de la contaminación.
En el noroeste de Nuevo México, el demandante principal, Mario Atencio, navajo, argumentó que las tierras de su familia están en riesgo por derrames en pozos y sitios de procesamiento dentro de la Cuenca de San Juan.
