SANTA FE — Funcionarios ambientales de Nuevo México tomaron el lunes medidas iniciales para regular el tratamiento y la reutilización del agua residual de la fracturación hidráulica o “fracking” de la industria petrolera mientras el estado se enfrenta a la escasez de suministros de agua y los productores de combustibles fósiles enfrentan oportunidades cada vez más reducidas para la eliminación de aguas residuales.
Una comisión estatal de calidad del agua abrió una serie de audiencias de una semana de duración mientras el segundo estado del país en producción de petróleo comienza a elaborar una serie de reglas que inicialmente prohíben la liberación después del tratamiento de la llamada agua producida a partir de la producción de petróleo y gas mientras aún se abren el camino para proyectos piloto.
“La regla es prohibitiva cuando se trata de cualquier tipo de liberación de cualquier tipo de agua producida, ya sea tratada o no”, dijo Andrew Knight, asesor general adjunto del Departamento de Medio Ambiente del estado, en sus declaraciones de apertura. “En este punto, ni siquiera podríamos decirle qué pruebas serían necesarias para decidir que una determinada tecnología de tratamiento o combinación de tecnologías sería protectora”.
Asimismo, Knight agregó que la regla inicial de la agencia sería “lo más protectora posible y al mismo tiempo permitiría que la ciencia avance a través de proyectos piloto y luego proyectos de demostración”.
La propuesta está generando protestas públicas que dan voz a los temores sobre los contaminantes no revelados utilizados en el proceso de perforación de petróleo y gas. Al mismo tiempo, los productores de petróleo y al menos un proveedor de servicios de agua dicen que las regulaciones no proporcionan estándares específicos de calidad del agua que podrían ayudar a avanzar en proyectos de tratamiento efectivos.
“El Departamento de Medio Ambiente aparentemente quiere una regulación que pueda denegar un permiso basándose en la fuente del agua, no en su calidad”, dijo Liz Newlin Taylor, abogada de Select Water Solutions, una compañía de gestión de agua para productores de energía con sede en Houston y con operaciones en Carlsbad. “Nuevo México ciertamente necesita fuentes adicionales de agua, y el agua producida tratada podría ser parte de esta solución. Sin embargo, estas regulaciones propuestas fracasaron.”
Varios grupos ambientalistas están instando al Departamento de Medio Ambiente a eliminar definiciones que se refieran a la reutilización del agua tratada en agricultura, campos recreativos, pastizales y agua potable.
Por su parte, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha presentado planes para que el estado garantice una nueva fuente estratégica de agua mediante la compra y venta de agua tratada que se origina a partir de subproductos salados y usados de la extracción de petróleo y gas natural. La legislación relacionada se estancó en la Legislatura en febrero sin una votación en la Cámara o el Senado, pero la gobernadora ha dicho que persistirá.
Varias docenas de manifestantes se reunieron la semana pasada frente al Capitolio estatal para condenar la norma sobre aguas residuales del petróleo. Incluyeron al demandante principal en una demanda que alegaba que el estado no había cumplido con las disposiciones constitucionales para proteger contra la contaminación por petróleo y gas.
Otro manifestante, Reyes DeVore, de Jémez Pueblo, y el grupo de derechos ambientales de los nativos americanos Pueblo Action Alliance, dijeron: “Nos oponemos colectivamente a la reutilización de aguas residuales tóxicas de petróleo y gas fuera de los campos petroleros”.
El testimonio de expertos presentado por la Asociación de Petróleo y Gas de Nuevo México pinta un retrato terrible de la competencia en Nuevo México por los recursos hídricos entre ciudades, granjas, industrias y vida silvestre, incluso cuando las demandas de agua de la industria petrolera aumentan para la fracturación hidráulica.
“Durante los próximos 50 años, Nuevo México tendrá aproximadamente un 25% menos de agua disponible en ríos y acuíferos”, dijo John D'Antonio, quien anteriormente se desempeñó como principal regulador de agua de Nuevo México: el ingeniero estatal. “Afecta a todo, desde la planificación municipal hasta el crecimiento de la población y la actividad económica”.
Otro testimonio de un experto de la asociación señala que las compañías petroleras tienen cada vez más agua producida para eliminar a medida que aumentan la actividad de perforación, con una capacidad de eliminación cada vez menor debido a preocupaciones que incluyen terremotos relacionados con pozos de inyección de alta presión.
La industria genera cuatro o cinco barriles de aguas residuales por cada barril de petróleo producido, informó Robert Balch del Centro de Recuperación de Investigación del Petróleo de New Mexico Tech en Socorro.
