ALBUQUERQUE — El juez a cargo de la batalla legal por la gestión del Río Grande, uno de los ríos más largos de América del Norte, ha allanado el camino para que se haga público un acuerdo propuesto.
El gobierno federal había tratado de mantener sellados los detalles del acuerdo alcanzado por Texas, Nuevo México y Colorado, pero el juez rechazó esa solicitud. Según una orden emitida el viernes, la propuesta y los informes y anexos asociados se harán públicos la próxima semana mientras los fiscales estatales y federales se preparan para una próxima audiencia sobre los méritos de la propuesta.
El caso ha estado pendiente ante la Corte Suprema de EEUU durante casi una década, y lo que está en juego aumenta a medida que gran parte de Occidente se enfrenta a una sequía persistente.
En octubre, los estados anunciaron que habían llegado a un acuerdo después de meses de negociaciones. El fiscal general de Nuevo México en ese momento citó sequías extremas y eventos climáticos erráticos, y dijo que era imperativo que los estados trabajaran juntos para proteger el río.
Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia de EEUU y los distritos de riego que sirven a los agricultores río abajo del embalse Elephant Butte argumentaron que la propuesta no sería una solución viable.
El río, que fluye desde las montañas del sur de Colorado hasta México, se gestiona a través de un sistema de represas y canales federales en virtud de las disposiciones de un acuerdo para compartir el agua que data de hace décadas.
Texas ha argumentado que el bombeo de agua subterránea en el sur de Nuevo México ha reducido los caudales de los ríos, lo que limita la cantidad de agua que cruza la frontera. Nuevo México sostiene que se ha quedado corto en su parte del río. Colorado también tiene derechos sobre el río.
La batalla por el Río Grande se ha convertido en un caso multimillonario en una región donde los suministros de agua están disminuyendo debido al aumento de la demanda junto con la sequía y las temperaturas más cálidas provocadas por el cambio climático.
Algunos de los tramos del río en Nuevo México marcaron caudales bajos récord en 2022, lo que provocó que algunos agricultores dejaran en barbecho voluntariamente los campos para ayudar al estado a cumplir con las obligaciones de compartir el agua río abajo.
El juez Michael Melloy señaló en su orden que los equipos de negociadores, entre los que había ingenieros e hidrólogos, habían trabajado en colaboración durante gran parte de 2022 para desarrollar fórmulas, límites y posibles pasos correctivos como caminos alternos para resolver el litigio.
Los abogados del Departamento de Justicia trataron de mantener la información sellada, diciendo que hacerla pública violaría un acuerdo de confidencialidad. Pero la orden señaló que todas las partes habían admitido que los datos subyacentes utilizados para derivar las fórmulas y los límites de desviación estaban disponibles públicamente y formaban parte de la caja de herramientas de gestión del agua que se usa comúnmente en todo el país.
“Aquí simplemente no hay un reclamo plausible de propiedad sobre las ideas generales, los datos públicos y las técnicas comunes expresadas en el decreto”, escribió Melloy.
Añadió que no era posible mirar el acuerdo propuesto y saber qué estaba dispuesto o no el gobierno federal a admitir, renunciar o comprometerse en un esfuerzo por resolver los reclamos.
Melloy programó una audiencia para principios de febrero sobre los méritos del decreto propuesto.
