SANTA FE — Los legisladores estatales de Nuevo México están reconsiderando cómo evalúan las denuncias de conducta sexual inapropiada contra colegas, en medio de la indignación por el manejo de una denuncia contra un influyente senador.
Un panel de destacados legisladores se reunió el lunes para discutir posibles cambios a las reglas básicas para las investigaciones de acoso en la Legislatura.
“Ha quedado claro que nuestra política contra el acoso no está funcionando. Esto tiene la intención de iniciar una discusión”, manifestó el representante estatal demócrata, Daymon Ely, copresidente de un comité legislativo de ética.
Las denuncias de acoso contra los legisladores a menudo se asignan para una investigación inicial a un panel de cuatro legisladores, que pueden llegar a un punto muerto en una votación de 2-2. Ely propuso los cambios que asignarían a un experto externo para desempatar cualquier voto, con notificación pública del resultado.
Asimismo, el representante describió propuestas que eliminarían las disposiciones de secreto que actualmente impiden que las personas que se quejan de acoso por parte de los legisladores discutan públicamente cualquier investigación que haya sido desestimada sin encontrar una causa probable.
“¿Cómo arreglamos eso para que tengamos un cierre para esas personas? No puede salir en empate. Tiene que haber un cierre para ambos lados”, expresó el senador demócrata George Muñoz.
El lunes, una coalición de grupos de defensa realizó una conferencia de prensa en Santa Fe para describir una “cultura tóxica” que favorece a los perpetradores sobre las víctimas del acoso en la Legislatura.
Algunos dijeron que una autoridad independiente como la Comisión de Ética del Estado de Nuevo México sería más adecuada para revisar las denuncias de acoso contra los legisladores, en lugar de un panel de legisladores.
“El sistema actual solo apoya a los perpetradores. Este es un caso clásico del zorro cuidando el gallinero”, explicó Lan Sena, directora de políticas del Centro de Política Cívica.
Sena reiteró los llamados a la renuncia del senador estatal demócrata Daniel Ivey-Soto de Albuquerque en respuesta a las acusaciones de acoso.
Ivey-Soto, un guardián de la legislación electoral, anunció recientemente que una investigación del Senado sobre las denuncias de acoso sexual en su contra había sido “suspendida indefinidamente, sin que se tomaran más medidas”.
Pero un informe filtrado también muestra que un abogado especial de la investigación concluyó que había causa probable para indicar que Ivey-Soto violó las políticas contra el acoso. Y la cabildera que presentó acusaciones de acoso contra Ivey-Soto ha presentado una demanda impugnando las disposiciones de secreto en la Legislatura que le impiden decir más.
La denuncia de acoso de Marianna Anaya ante la Legislatura en febrero estuvo acompañada de una carta abierta al público que acusaba a Ivey-Soto de manosearla en la recepción de un hotel en 2015 y de un comportamiento agresivo e irrespetuoso más reciente mientras discutía la legislación propuesta sobre bebidas. Anaya pidió al legislador que renunciara, ya que otras mujeres dicen que fueron acosadas por Ivey-Soto.
Ivey-Soto manifestó que no recuerda haber tocado a Anaya durante el encuentro y que sus encuentros a lo largo de los años nunca fueron sexuales.
El sábado, Ivey-Soto fue destituido de uno de sus puestos de liderazgo en un comité interino en respuesta a acusaciones de acoso.
