SANTA FE — Los legisladores de Nuevo México rechazaron el martes una propuesta para prohibir que las agencias gubernamentales estatales y locales contraten al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a inmigrantes que buscan asilo en EEUU.
El proyecto de ley SB 172 fracasó en una votación de 17-21 del Senado estatal.
La propuesta también habría eliminado gradualmente la participación del gobierno local en acuerdos tripartitos con centros de detención privados y autoridades federales.
De hecho, el proyecto de ley tenía implicaciones para tres centros de detención operados de forma privada en Nuevo México, y habría terminado efectivamente con la detención de migrantes a principios de 2025 en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Chaparral, en el sur de Nuevo México, en las afueras de El Paso, Texas.
Los defensores del proyecto de ley de Nuevo México destacaron los informes de disciplina similar a la de una prisión, falta de higiene e intentos de suicidio en los centros de detención de inmigrantes, instando a los legisladores a tomar medidas por motivos humanitarios.
“Estamos hablando aquí de aquellos inmigrantes que entraron al país de acuerdo con nuestras leyes y solicitaron asilo”, dijo el senador demócrata, Gerald Ortiz y Pino de Albuquerque, copatrocinador del proyecto de ley. “Descubrimos que muchos de ellos… están detenidos en condiciones que distan mucho de ser las adecuadas”.
No obstante, durante el debate, los senadores republicanos restaron importancia a la gravedad de las condiciones de vida en el centro de detención de inmigrantes del condado de Otero, administrado por Management & Training Corporation, con sede en Utah, y dijeron que rescindir el contrato con el gobierno representaría un duro golpe financiero para la comunidad.
Cinco senadores demócratas se unieron a los republicanos para derrotar el proyecto de ley. Otros cuatro senadores demócratas fueron excusados o ausentes de la votación.
Por su parte, el senador estatal republicano Ron Griggs, argumentó que una prohibición de detención local en Nuevo México no necesariamente mejoraría las condiciones para los migrantes que terminan en centros de detención en otros estados en espera de procedimientos de asilo.
Jazmin Irazoqui-Ruiz, abogada principal del Centro de Leyes de Inmigración de Nuevo México, cuestionó eso y dijo que los inmigrantes podrían ser liberados por consideraciones de costos para vivir temporalmente con familiares u otros patrocinadores, o ser transferidos a estados como Colorado que adoptan un enfoque diferente por asegurando representación legal para inmigrantes.
