SANTA FE – Uno de tres acusados se declaró culpable de cargos federales en relación con una serie de tiroteos desde vehículos en las casas de legisladores estatales y locales en Albuquerque después de las elecciones de 2022, según documentos judiciales federales hechos públicos el martes.
José Luis Trujillo se declaró culpable en una audiencia el lunes de cargos de conspiración, interferencia electoral, uso ilegal de un arma de fuego y posesión de fentanilo con la intención de distribución.
Fiscales federales y locales argumentaron que los ataques fueron orquestados por el ex candidato republicano Salomón Peña con la participación de un tercer hombre. No obstante, Peña sostiene su inocencia.
Los ataques a las casas de cuatro funcionarios demócratas, incluido el actual presidente de la Cámara estatal, tuvieron lugar en diciembre de 2022 y enero de 2023 en medio de una oleada de amenazas y actos de intimidación contra trabajadores electorales y funcionarios públicos en todo el país, después de que el expresidente Donald Trump y sus aliados habrían difundido afirmaciones falsas sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
La sentencia de Trujillo está programada para abril.
Alexander Uballez, fiscal federal en Albuquerque, dijo que los tiroteos tuvieron como objetivo las casas de dos comisionados del condado poco después y debido a su certificación de las elecciones de 2022. Nadie resultó herido, pero en un caso las balas atravesaron el dormitorio de la hija de 10 años de un senador estatal.
Peña se encuentra detenido sin derecho a fianza desde su arresto en enero de 2023.
Demetrio Trujillo, el padre de José, también enfrenta cargos federales alegando que él y su hijo ayudaron a Peña a obtener vehículos y armas de fuego y que también dispararon contra las casas de las víctimas.
José Trujillo fue arrestado en enero por una orden judicial pendiente. Según las autoridades, en su automóvil llevaba más de 800 pastillas de fentanilo y dos armas de fuego, lo que provocó una interrupción en la investigación cuando los agentes rastrearon al menos un arma hasta los casquillos de bala encontrados en uno de los tiroteos.
Después de los tiroteos, los legisladores del estado de Nuevo México promulgaron una legislación que establece sanciones por delitos graves por intimidación de los reguladores electorales y permite a algunos funcionarios públicos y candidatos políticos mantener la dirección de su casa fuera de los sitios web gubernamentales.
