Sesión Legislativa

Ya es ley el proyecto que asegurará el acceso a cuidados de salud reproductiva para todos en el estado

Esta nueva ley prohíbe a las entidades públicas el negar, restringir o discriminar el derecho de una persona a recibir este tipo de servicios.

Telemundo

SANTA FE — La gobernadora de Nuevo México firmó el jueves un proyecto de ley sobre el derecho al aborto que anula las ordenanzas locales destinadas a limitar el acceso a procedimientos y medicamentos para abortar.

Las clínicas de salud reproductiva en Nuevo México ofrecen procedimientos de aborto a pacientes de estados, incluido Texas, con estrictas prohibiciones de aborto. La nueva ley también tiene como objetivo garantizar el acceso a la atención médica de afirmación de género relacionada con la angustia por la identidad de género que no coincide con el sexo asignado a una persona.

Nuevo México tiene una de las leyes de acceso al aborto más liberales del país, pero dos condados y tres ciudades en el este de Nuevo México han adoptado recientemente restricciones al aborto que reflejan una profunda oposición a ofrecer el procedimiento.

El proyecto de ley firmado por la gobernadora, Michelle Lujan Grisham, anula esas ordenanzas locales.

En 2021, la Legislatura liderada por los demócratas de Nuevo México aprobó una medida para derogar un estatuto inactivo de 1969 que prohibía la mayoría de los procedimientos de aborto, lo que garantizaba el acceso al aborto después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló Roe v. Wade el año pasado.

Ante esto, las ordenanzas contra el aborto, adoptadas en los últimos meses por funcionarios de las ciudades de Hobbs, Clovis y Eunice, junto con los condados de Lea y Roosevelt, hacen referencia a una oscura ley estadounidense contra la obscenidad que prohíbe el envío de medicamentos u otros materiales destinados a asistir en el aborto.

Por separado, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, instó a la Corte Suprema del estado a intervenir contra las ordenanzas locales de aborto que, según él, violan las garantías constitucionales estatales de igual protección y debido proceso.

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