CIUDAD DE MÉXICO — La Fiscalía Federal mexicana citó a declarar al jefe de la agencia migratoria y emitió nuevas órdenes de captura para otros agentes migratorios con “vinculación directa” en la muerte de 40 migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez que se incendió, informó el jueves ese departamento en un comunicado.
La nota de prensa no aclara cuántas órdenes de captura autorizó el juez y tampoco ofreció la identidad completa de las dos personas citadas a declarar, a quienes solo se refirió por sus nombres sin apellidos.
Pero un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones confirmó que uno de ellos es Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
Garduño y otro funcionario deberán presentarse ante el juez los próximos días 20 y 21 de abril para las “audiencias iniciales de formulación de imputación”, es decir, cuando los fiscales explicarán de qué cargos se les acusa y las pruebas que tienen contra ellos.
Según la Fiscalía, Garduño y otro directivo incumplieron con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas migrantes y a las instalaciones de ese organismo. Insistió, además, en que hubo “faltas y omisiones” del INM que “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano oficial que vigila la actuación de funcionarios, apuntó a que esto sigue ocurriendo.
Solo en enero y febrero ha emitido siete recomendaciones a las autoridades por casos de abusos del INM en tiempos de Garduño que considera probados y que ocurrieron en distintos puntos del país.
La entidad habla de tratos indignos, violaciones a la libertad y al debido proceso que, en algún caso, han afectado también a menores.
Después del anuncio del inicio de la investigación contra el alto cargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, optó por mantener a Garduño en su puesto y alabó su trabajo. No obstante, también garantizó que no habrá impunidad para nadie que haya cometido un delito.
“No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él”, dijo el miércoles. “Vamos a esperar y vamos a tomar las decisiones en su momento”.
Cinco personas -tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que inició el fuego en un acto de protesta- ya están procesados por presunto homicidio y lesiones mientras se investigan supuestas negligencias, falta de protocolos de seguridad de las instalaciones y toda la cadena de responsabilidades.
El suceso en las instalaciones migratorias de la fronteriza Ciudad Juárez el pasado 27 de abril fue el incidente más letal de este tipo ocurrido en México porque, además de los 40 muertos, la mayoría centroamericanos, hubo una treintena de heridos.
Los países de origen de las víctimas han exigido acciones contundentes para que haya justicia.
Causó aun más conmoción que se divulgaran imágenes de vídeo de una cámara de seguridad que mostraban a guardias saliendo de las instalaciones cuando el fuego en una celda ya había comenzado y sin que ninguno hiciera un intento por liberar a las decenas de migrantes que estaban encerrados.
Hasta el momento no está claro quién tenía las llaves de la celda pero, según el presidente, esa persona no estaba en las instalaciones cuando el fuego comenzó.
Por otra parte, Migración informó el jueves de la localización de 209 migrantes hacinados en la caja de un camión abandonado, entre los que había 23 familias y 25 menores no acompañados.
Los hallaron la víspera por la noche en una carretera del sureste del país porque escucharon gritos de auxilio de hombres, mujeres y niños que pedían salir para tomar aire y agua. Una persona tuvo que ser atendida por asfixia y fue llevada a un hospital.
El resto previsiblemente serían llevados a alguna estación migratoria, a albergues o expulsados del país.
