SANTA FE — Nuevo México ya no negará licencias para ejercer la abogacía únicamente por la ciudadanía o el estatus migratorio de un solicitante, incluidos algunos aspirantes a estudiantes de derecho que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y no tienen un camino claro hacia la ciudadanía.
Anunciado el lunes, el cambio de regla de la Corte Suprema de Nuevo México está programado para entrar en vigencia el 1 de octubre. Varios estados ya tienen disposiciones que ignoran la residencia o el estado migratorio en las decisiones de otorgamiento de licencias.
“El cambio en la regla de concesión de licencias se basa en el principio fundamental de equidad y es consistente con los valores históricos de inclusión y diversidad de Nuevo México”, manifestó la presidenta de la Corte Suprema, Shannon Bacon, en un comunicado el martes.
Añadió que el cambio alinea a Nuevo México con las recomendaciones de la Asociación de Abogados de Estados Unidos y las disposiciones en al menos otros ocho estados que otorgan licencias de abogados a algunos inmigrantes. Todavía se requiere que todos los solicitantes se gradúen de la facultad de derecho, aprueben el examen de la barra y se sometan a una investigación de antecedentes adicional por parte de una junta de examinadores de la barra.
La reglamentación generó críticas inmediatas del presidente del Partido Republicano estatal, Steve Pearce, ya que los candidatos republicanos desafían a dos jueces titulares de la Corte Suprema estatal en las elecciones generales de noviembre.
“Esta es una decisión imprudente”, dijo Pearce en un comunicado. “Esta última regla abrirá aún más nuestras fronteras, y la corte parece disfrutar tomando decisiones arbitrarias sin pensar en las consecuencias”.
Anteriormente, Nuevo México requería que los solicitantes de una licencia legal presentaran prueba de ciudadanía, estatus de residente permanente o autorización de trabajo.
Desde 2017, el poder judicial estatal ha otorgado licencias a algunos candidatos con base en autorizaciones de trabajo vinculadas a un programa de la era de Obama que ha impedido la deportación de miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.
Los defensores de las comunidades de inmigrantes dicen que el acuerdo se vio amenazado por los esfuerzos para eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, declarado ilegal por un juez federal en Texas el año pasado con una apelación pendiente en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU en Nueva Orleans.
Jazmin Irazoqui-Ruiz, abogada sénior del Centro de Leyes de Inmigración de Nuevo México, fue la primera en el estado en calificar para una licencia de abogado a través de una autorización de trabajo bajo el programa DACA. Afirmó que los cambios eliminan un proceso arduo y las licencias de ley que vienen con una estipulación.
“El estatus migratorio no será una barrera para obtener su licencia de abogado” manifestó Irazoqui-Ruiz. “Eso abre oportunidades económicas sin importar el estatus migratorio. … Tiene un efecto en la familia y la comunidad”.
El recién graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México, Luis Leyva-Castillo, aseguró que las nuevas reglas disipan las nubes de incertidumbre mientras espera los resultados de su examen de certificación en derecho, un último obstáculo importante para recibir una licencia.
Leyva-Castillo dice que emigró a los EEUU desde México con su familia a los 8 años y se basó en el programa DACA para evitar la expulsión, ya que obtuvo un diploma de escuela secundaria en Ruidoso High School y dos títulos de la Universidad de Nuevo México.
Ahora que tiene 25 años, se está preparando para trabajar como asistente legal en la Corte de Apelaciones de Nuevo México y compartió que el cambio en la regla de licencias “permite al estado usar la comunidad de inmigrantes que ya tenemos e integrarlos a nuestra fuerza laboral para apuntalar la economía. … Creo que esto realmente envía un mensaje”.
