SANTA FE — Defensores del derecho a portar armas urgieron el lunes a la Corte Suprema de Nuevo México a bloquear las órdenes de emergencia de la gobernadora Michelle Lujan Grisham que restringen a las personas la portación de armas en parques públicos y áreas de juego en el área metropolitana del estado y aborda la violencia armada como una crisis de salud pública.
La Corte Suprema del estado escuchó los argumentos orales el lunes en una demanda presentada por legisladores estatales republicanos, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y varios residentes de Albuquerque, entre estos: agentes del orden retirados, ex agentes federales, instructores de armas de fuego con licencia y el dueño de una tienda de armas.
El lunes hubo una mucha presencia policial en el juzgado, con vehículos de la Policía Estatal de Nuevo México alineados en la calle.
Lujan Grisham, demócrata en su segundo mandato, invocó por primera vez las órdenes en respuesta a una serie de tiroteos que incluyeron la muerte de un niño de 11 años afuera de un estadio de béisbol de ligas menores.
Los peticionarios dicen que Lujan Grisham se ha excedido en su autoridad como gobernadora en violación de la Segunda Enmienda y que la violencia armada y el abuso de drogas no califican como emergencias de salud pública que puedan limitar el acceso a las armas de fuego, incluso temporalmente.
Asimismo, acusan a la gobernadora de infringir la autoridad de la Legislatura y de anular las regulaciones sobre armas que se han perfeccionado a lo largo de más de un siglo, incluidas las leyes sobre armas ocultas. Los partidos republicanos y libertarios estatales también apoyan la impugnación legal.
Al definir lo que constituye una emergencia de salud pública, la gobernadora afirmó que tanto la violencia armada como el abuso de drogas “caen cómodamente dentro” de la categoría debido a las condiciones extremadamente peligrosas que plantean las armas y los agentes químicos tóxicos que representan una amenaza inminente para muchos residentes de Nuevo México.
Las órdenes temporales no violan los derechos constitucionales, declaró.
Por otra parte, un juez federal permitió que continuara la aplicación de la disposición sobre armas mientras las impugnaciones legales siguen su curso. El fallo de octubre del juez federal de distrito David Urías marcó una victoria para Lujan Grisham.
Las órdenes de la gobernadora, emitidas por primera vez el 8 de septiembre de 2023, provocaron protestas públicas entre los defensores del derecho a portar armas e impugnaciones legales adicionales en un tribunal federal que aún están en curso.
Las restricciones iniciales sobre portar armas se redujeron de la orden original que suspendía ampliamente el derecho a portar armas en la mayoría de los lugares públicos, que el alguacil del condado Bernalillo y el jefe de policía de Albuquerque se negaron a hacer cumplir.
La orden de salud de la gobernadora incluye directivas para esfuerzos de recompra de armas, inspecciones mensuales de los comerciantes de armas de fuego en todo el estado, informes sobre víctimas de balaceras en hospitales de Nuevo México y análisis de aguas residuales para detectar indicios de uso de drogas ilícitas en las escuelas públicas.
