Sesión Legislativa

Familiares de víctimas de brutalidad policial, piden una ley que limite el uso de fuerza por los policías

La propuesta, SB 252 Ley de Procedimientos para Agentes del Orden Público, pone en la ley los requisitos para que los agentes agoten cualquier táctica de distensión disponible antes de recurrir a la fuerza.

ACLU

SANTA FE - A nivel nacional, Nuevo México tiene una de las tasas más altas de asesinatos policiales, con más de 200 casos en el estado desde 2013, según reveló la Unión Americana de Libertades civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Ahora, familiares de personas asesinadas por la policía, piden que se apruebe el proyecto SB 252, que establecería una política de uso de fuerza en todo el estado.

“Lo que no se informa en los medios son las ondas duraderas de angustia que las familias soportan en los meses y años posteriores al fallecimiento [de su ser querido]”, dijo Elaine Maestas, hermana de Elisha Lucero, quien recibió 21 disparos y fue asesinada por agentes del Alguacil del condado Bernalillo.

Según Maestas, al momento del incidente, su hermana estaba teniendo una crisis de salud mental y presuntamente los oficiales le dispararon hasta dejarla irreconocible.

Es por eso que la propuesta, SB 252, Ley de Procedimientos para Agentes del Orden Público, pone en la ley los requisitos para que los agentes agoten cualquier táctica de distensión disponible antes de recurrir a la fuerza. Cualquier fuerza que utilicen debe ser proporcional a la amenaza a la que se enfrentan; la fuerza letal solo puede usarse cuando sea necesario para proteger la vida humana.

Este proyecto de ley impone restricciones de sentido común a las opciones de fuerza menos letal, como balas de goma, pistolas paralizantes y armas químicas.

“La aplicación de la ley es un trabajo duro; los estándares rigurosos y razonables ayudarán a mantener a todos en una situación segura y permitirán una responsabilidad clara cuando ocurra la fuerza. Como veterano, sé lo importante que era tener reglas de compromiso y políticas sólidas, claras y consistentes sobre la escalada de la fuerza. No hay ninguna razón por la que la vigilancia deba ser diferente”, manifestó el senador estatal, Harold J. Pope.

Según explicó ACLU en un comunicado, la evidencia muestra que los oficiales que trabajan en departamentos con políticas de uso de la fuerza más rigurosas tienen menos probabilidades de morir en el cumplimiento de su deber, y también tienen menos probabilidades de lastimar o matar a miembros de la comunidad.

Asimismo, la organización añadió que la gran mayoría de los nuevomexicanos cree que el estado puede lograr un equilibrio entre brindarles a los policías las herramientas que necesitan para mantener seguras a las comunidades, sin darles un cheque en blanco para saber cuándo pueden usar fuerza potencialmente letal.

“Ahora es el momento de aprobar esta legislación crucial para proteger a los miembros y oficiales de la comunidad en todos los rincones de nuestro estado”, declaró la representante Angélica Rubio.

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