SANTA FE - La Corte Suprema de Nuevo México ordenó el martes que la información de las visas de las víctimas de delitos permanezca confidencial y que no esté disponible para las personas acusadas de delitos y sus abogados defensores para su posible uso en los juicios.
Según se informó, Tribunal emitió la orden, revocando las decisiones probatorias de dos tribunales de distrito que exigían la divulgación de las solicitudes de visas T y U y materiales relacionados de las víctimas de delitos y sus padres para la defensa de los hombres que supuestamente cometieron los delitos.
La información relacionada con la visa incluiría respuestas a preguntas sobre los antecedentes médicos, migratorios y penales del solicitante, junto con una declaración de las víctimas que describen los presuntos delitos.
“El gobierno federal estableció visas T y U para alentar a las víctimas de delitos y sobrevivientes de trata de personas no ciudadanos a denunciar los delitos sin temor a la deportación y para ayudar a las autoridades a investigar y procesar a los infractores”, informó la Corte Suprema estatal en un comunicado.
Asimismo, se explicó que en caso de que se le asigne una de estas visas a una persona, estas brindarían un estatus legal de no inmigrante para que las personas permanezcan temporalmente en el país, y un camino para obtener una “green card” que les proporcione el estatus de residente permanente legal.
Para calificar para una visa T, una persona debe estar presente en Estados Unidos como resultado de haber sido víctima de trata de personas. Las visas U están disponibles para víctimas de ciertos delitos ocurridos en EEUU, e incluyen agresión y explotación sexual, asesinato, robo, secuestro y encarcelamiento falso.
De acuerdo con la Corte, en uno de los casos, un hombre del condado Bernalillo, Alberto Villanueva Caprio, fue acusado de delitos sexuales, abuso infantil y soborno de un testigo que involucraba a una niña que trajo de Honduras, donde supuestamente comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 12 años. Solicitó una visa T.
Mientras que en el otro caso, un hombre del condado de San Juan, David Paulino Padilla-Suazo, fue acusado de dos cargos de contacto sexual criminal con un niño menor de 13 años. Los padres no ciudadanos de la niña denunciaron los presuntos delitos a la policía después de enterarse de los incidentes y fueron informados por las autoridades sobre el programa de visa U, según explicó el Tribunal.
A consecuencia, tras la decisión de la Corte Suprema, se le ordenó a la jueza del Segundo Distrito Judicial, Cindy Leos, y a la jueza del Undécimo Distrito Judicial, Daylene Marsh, que “obliguen a la devolución o destrucción” de los materiales de visa previamente proporcionados en los casos y “que prohíban la producción o el uso posterior de dichos materiales relacionados en procedimientos futuros”.
Las juezas también recibieron instrucciones de invalidar las citaciones emitidas el año pasado para exigir la divulgación de la información de la visa como parte del proceso de intercambio de pruebas previo al juicio conocido como descubrimiento.
La última orden del Tribunal permite que prosigan las causas penales.
